Con reformas y adiciones mediante Decreto 161, publicado en el Periódico Oficial del 26 de marzo de 1995.

Artículo 51.- El Poder Judicial es el encargado de impartir justicia, aplicando las leyes, se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los juzgados y en el Consejo de la Judicatura Estatal, este último tendrá las facultades administrativas, así como en Materia de carrera Judicial y demás atribuciones que la Ley Orgánica respectiva determine.

(...)

Artículo 54.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se elegirán en la forma siguiente:

El Consejo de la Judicatura Estatal, encabezado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, siguiendo el procedimiento de selección que su propia Ley establezca, propondrá cinco candidatos al titular del Ejecutivo del Estado, quien de entre ellos formulará una terna la cual enviará al Congreso del Estado para que designe a un Magistrado con la aprobación de la mayoría de los asistentes al Pleno.

Si dentro del término de siete días hábiles de haber sometido la terna para Magistrado a la consideración del Congreso del Estado, éste nada resolviere, el derecho pasará al Ejecutivo del Estado, quien nombrará al Magistrado y lo comunicará al Consejo de la Judicatura Estatal.

Si dentro del término referido el Congreso del Estado rechaza la terna propuesta por el Ejecutivo del Estado, éste propondrá una nueva terna de en la cual el Congreso del Estado deberá elegir al Magistrado en un término de cinco días hábiles.

Artículo 55.- Los juzgados estarán a cargo de los jueces que nombrará el Consejo de la Judicatura Estatal, en número, categoría y especialidad que éste y la Ley Orgánica del Poder Judicial determinen; los aspirantes a ocupar los cargos referidos, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 53 de esta Constitución, a excepción de la edad.

El Consejo de la Judicatura Estatal se integrará por siete miembros, de los cuales uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que fungirá también como Presidente del Consejo; uno nombrado por los jueces de primera instancia en Materia Penal y otro nombrado por los jueces en las Materias Civil, Mixta y Familiar, ambos electos de entre ellos mismos; dos serán nombrados por el Congreso del Estado, los cuales no podrán ser Diputados Propietarios o Suplentes y dos nombrados por el Ejecutivo Estatal.

Los Consejeros deberán reunir los requisitos que la Ley determine y durarán en su encargo tres años, y serán sustituidos en forma escalonada por sextas partes; el Presidente durará el mismo tiempo que dure en su encargo como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la Ley, así como para coadyuvar en la elaboración del presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado.

Artículo 56.- Los Magistrados y Jueces deberán ser nombrados mediante concurso de oposición, aplicado por el Consejo de la Judicatura Estatal, como se disponga en la Ley respectiva y durarán en su encargo diez años, durante los cuales serán inamovibles, salvo caso de mala conducta debidamente comprobada, calificada por el Consejo de la Judicatura Estatal o previo juicio de responsabilidad ante el Congreso del Estado.

Ninguna persona que haya sido Magistrado podrá ser nombrada para un nuevo período, salvo que hubiere ejercido el cargo con carácter de provisional o interino.

Las renuncias de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado serán sometidas al Consejo de la Judicatura Estatal, y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Congreso del Estado.

Artículo 94.- El Consejo de la Judicatura Estatal se integrará según lo dispone el Artículo 55 de la Constitución Política del Estado.

Los Magistrados suplentes, no podrán formar parte del Consejo, ni los jueces que tengan menos de dos años en el ejercicio de su encargo. Bastará la presencia de cuatro de sus miembros para que el Consejo pueda funcionar, pero siempre deberá contarse con la asistencia del presidente.

Las sesiones ordinarias del Consejo se efectuarán una vez al mes, el día que fije el reglamento respectivo.

La extraordinarias se celebrarán cuando lo crea necesario el Presidente o lo pida algún consejero.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino en los casos en que se tengan impedimentos legales. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

El Consejo tendrá además un Secretario que será el Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Artículo 95.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal:

I.- Nombrar a los Jueces y servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los del Supremo Tribunal de Justicia;

II.- Informar al Supremo Tribunal de Justicia de las renuncias y licencias que hayan tramitado los jueces para separarse de su cargo;

III.- Solicitar a los Jueces de Primera Instancia la substitución de uno o más de los Consejeros por ellos designados, cuando exista causa justificada;

IV.- Aceptar la renuncia de sus miembros, con excepción del Presidente y solicitar se cubran las vacantes por quien los designó;

V.- Conferir comisiones a sus miembros;

VI.- Comisionar a sus miembros para proponer programas de capacitación del personal del Poder Judicial;

VII.- Otorgar a los servidores públicos del Poder Judicial el reconocimiento que merezcan por el buen ejercicio de sus funciones;

VIII.- Conocer las denuncias que formulen los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal, respecto de la mala actuación de algunos abogados postulantes, los cuales se harán acreedores de una amonestación y dicho organismo dará vista al Ministerio Público para que, en su caso, ejercite la acción penal; serán exonerados públicamente por el mismo Consejo;

IX.- Las demás facultades que le confiera la Constitución Política del Estado, esta ley y su reglamento.

Con reformas y adiciones publicadas en el Periódico Oficial de 25 de septiembre de 1995.

(...)

Con reformas y adiciones mediante Decreto 457, publicado en el Periódico Oficial de 17 de junio de 1988.

Por su singular trascendencia someto a la consideración de esta Soberanía la instauración del Consejo de la Judicatura del Estado, cuya conformación garantizará la imparcialidad y efectividad en los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario del personal al servicio del Poder Judicial.

El Consejo de la Judicatura deberá ser un órgano de gobierno, integrado por elementos de los tres Poderes, así como por los Decanos de los notarios y abogados de la Capital del Estado que estén en activo. Este órgano es imprescindible en todo sistema en que se instituya la carrera judicial.

(...)

Artículo 143.- El Consejo de la Judicatura del Estado es un órgano de gobierno honorario que tendrá como funciones exclusivas intervenir en el nombramiento, ascenso, inspección y régimen disciplinario del personal al servicio del Poder Judicial.

Estará integrado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; por el Procurador General de Justicia, por un representante designado por el Congreso que cuente con título de Abogado y haya ejercido la profesión cinco años por lo menos; por el Magistrado del Tribunal Unitario de Distrito y el Juez de Primera Instancia que tenga mayor antigüedad en el ejercicio del cargo y por los decanos de los notarios y abogados de la Capital del Estado que estén en activo.

En el caso de que haya dos o más Magistrados Unitarios de Distrito, o dos o más Jueces de Primera Instancia con la misma antigüedad, integrará el Consejo de la Judicatura el de mayor edad, según corresponda.

(...)

Artículo 146.- Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado de la lista de candidatos que le presente el Consejo de la Judicatura y sometidos a la aprobación del Congreso, el que la otorgará o negará dentro del improrrogable término de cinco días.

La lista de candidatos podrá ser rechazada por el Ejecutivo en una sola ocasión, en cuyo caso el Consejo de la Judicatura someterá a su consideración una nueva para que formule nuevo nombramiento.

Cuando el Congreso no resuelva dentro del término que se señala para el efecto, se tendrán por aprobados los nombramientos.

En caso de que el Congreso del Estado no apruebe un nombramiento, el Gobernador del Estado hará una nueva designación dentro de las propuestas, que surtirá sus efectos desde luego, como provisional y que será sometido a la aprobación del propio Congreso, en el siguiente período ordinario de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primeros cinco días, el Congreso deberá aprobar o desaprobar el nombramiento, y si los aprueba o nada resuelve, el Magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el Congreso desecha el nombramiento, se reiterará el procedimiento, cesando desde luego en sus funciones el Magistrado Provisional.

Publicada en el Periódico Oficial del 11 de diciembre de 1990.

Artículo 56.- El Consejo de la Judicatura del Estado es un órgano honorario que tendrá como funciones exclusivas intervenir en el nombramiento, inspección y régimen disciplinario del personal al servicio del Poder Judicial.

Estará integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; por el procurador general de Justicia, por un representante designado por el Congreso que cuente con título de abogado y haya ejercido la profesión cinco años por lo menos; por el magistrado del Tribunal Unitario de Distrito y el Juez de Primera Instancia que tenga mayor antigüedad en el ejercicio del cargo y por los decanos de los notarios y abogados de la capital del Estado que estén en activo.

En el caso de que haya dos o más magistrados de distrito, o dos o más jueces de Primera Instancia con la misma antigüedad, integrará el Consejo de la Judicatura el de mayor edad, según corresponda.

Artículo 57.- Para el desempeño de sus funciones, el Consejo de la Judicatura expedirá su propio reglamento interior, tomando en consideración las siguientes bases:

I.- Sesionará cuando menos una vez cada tres meses y cuantas veces sea convocado por su presidente;

II.- Para la validez de su acuerdo será necesaria la asistencia de la mayoría de sus integrantes;

III.- El presidente tendrá voto de calidad;

IV.- El Consejo de la Judicatura, por conducto del presidente del Tribunal Superior, podrá solicitar el auxilio de los magistrados de los Tribunales Unitarios de Distrito y de los Jueces de Primera Instancia. Ese mismo auxilio podrá solicitarlo al Ministerio Público a través del procurador general de justicia y de los colegios de notarios y abogados a través de sus respectivos presidentes;

V.- Contará con un secretario que deberá satisfacer los mismos requisitos que los secretarios de estudio y cuenta.

Artículo 58.- Cuando deban designarse magistrados del Tribunal Superior de Justicia, propondrá al Gobernador del Estado, la lista de candidatos, que no podrá ser menor de tres para cada magistrado numerario o supernumerario. Para la formulación de estas listas, el Consejo de la Judicatura cuidará que los propuestos satisfagan los requisitos del artículo 13 de la Constitución Política del Estado, prefiriendo en todo caso, a aquellas personas que estén prestando o hayan prestado servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad y competencia, acreditada ampliamente en el ejercicio de la profesión de abogado.

Artículo 59.- El Consejo de la Judicatura emitirá opinión fundada en el improrrogable término de cinco días, en todos los demás nombramientos que deba hacer el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de magistrados de los Tribunales Unitarios de Distrito, de jueces de Primera Instancia y de integrantes de Consejos Tutelares de Menores.

Cuando la opinión del Consejo de la Judicatura sea unánimemente adversa a una propuesta, el Pleno del Tribunal Superior sólo podrá sostenerla mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Si el Consejo de la Judicatura no emite opinión dentro del término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el Pleno del Tribunal procederá a hacer la designación correspondiente.

Artículo 60.- El Consejo de la Judicatura vigilará el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales de la jurisdicción comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley. En consecuencia, podrá solicitar ante la autoridad competente el cumplimiento estricto de las bases que regulan la carrera judicial; denunciar ante la propia autoridad todo acto arbitrario que afecte la permanencia de su cargo a cualquier miembro del Poder Judicial que en su concepto mantenga las cualidades o atributos que dieron lugar a su nombramiento y solicitar el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria por la conducta de aquellos que así lo ameriten.

Con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.

Artículo 122.- (...)

(...)

VII.- La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, el cual se integrará por el número de Magistrados que señale la ley orgánica correspondiente, así como por los jueces de primera instancia y demás órganos que la propia ley señale. Para ser magistrado se deberán reunir los requisitos que establecen las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Jefe del Distrito Federal, Secretario General, Procurador General de Justicia, o Representante a la Asamblea del Distrito Federal, durante el año previo al día de la designación.

(...)

La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan el Estatuto de Gobierno y las leyes respectivas.

El Consejo intervendrá en la designación de los Magistrados y designará a los Jueces de Primera Instancia y a los que con otra denominación se creen en el Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial.

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se integrará por siete miembros, de los cuales uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado, un Juez de Primera Instancia, un Juez de Paz, electos mediante insaculación; dos consejeros designados por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y uno por el Jefe del Distrito Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requisitos que para ser Magistrado establece la ley.

El Consejo funcionará en pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

A los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia y a los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal les serán aplicables los impedimentos y las sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución. Para estos efectos, los impedimentos para actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso estarán referidos a los órganos judiciales del Distrito Federal; y los de ocupar cargo, a los señalados en el primer párrafo de esta fracción.

(...)

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal elaborará el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales y lo remitirá para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos.

(...)

Artículo 195.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los Juzgados y demás órganos judiciales, en los términos que esta Ley establece.

Artículo 196.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal se integra por siete consejeros y funcionará en Pleno y en Comisiones. Para que funcione en Pleno, bastará la presencia de cinco de sus miembros.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, también lo será del Consejo de la Judicatura y de sus comisiones.

El Consejo de la Judicatura estará integrado además del propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por un Magistrado, un Juez de Primera Instancia y un Juez de Paz, electos mediante insaculación entre magistrados y jueces ratificados; dos consejeros designados por la Asamblea de Representantes y uno por el Jefe del Distrito Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requisitos que para ser magistrados establece el artículo 16 de esta Ley.

Artículo 197.- Los consejeros igualmente estarán sujetos a las mismas responsabilidades en el ejercicio de su función que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Recibirán los mismos emolumentos que los Magistrados del Tribunal. Ejercerán su función con independencia e imparcialidad y durante su encargo sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 198.- Los Consejeros no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales del Distrito Federal. No podrán ser Consejeros las personas que hayan ocupado el cargo de Jefe del Distrito Federal, Secretario General, Procurador General del Justicia, o Representante a la Asamblea del Distrito Federal, durante el año previo al día de la designación.

Artículo 199.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo expedirá su propio reglamento interior, tomando en consideración las bases siguientes:

I.- Sesionará cuando menos una vez cada quince días y cuantas veces sea convocado por su Presidente. Las sesiones las presidirá el propio Presidente del Consejo y podrán ser públicas o privadas, según lo ameriten los asuntos a tratar;

II.- Para la validez de los acuerdos del Pleno será necesario el voto de la mayoría de los integrantes siempre y cuando esté presente la totalidad de sus miembros. En caso contrario se requerirá la mayoría absoluta;

III.- Los consejeros, a excepción del Presidente, desahogarán semanariamente por orden progresivo el trámite de las quejas que se reciban hasta ponerlas en estado de resolución, turnándolas, en su caso, al Consejero Ponente o Unitario;

IV.- Las quejas serán turnadas por orden alfabético equitativamente y por el número de expediente en forma progresiva y diariamente a cada consejero para su resolución o para la elaboración del proyecto respectivo según el caso;

V.- Las ausencias del Presidente del Consejo de la Judicatura que no requieran licencia, serán suplidas por el consejero que designe el propio Presidente. Las demás serán suplidas conforme a su reglamento interior;

VI.- Las resoluciones del Pleno, y en su caso de las Comisiones del Consejo de la Judicatura, constarán en acta y deberán firmarse por los consejeros intervinientes, ante la presencia del secretario del Consejo que dará fe. Los consejeros no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. El Pleno del Consejo calificará los impedimentos de sus miembros, siempre que fueren planteados en asuntos de su competencia, y

VII.- El consejero que disintiera de la mayoría deberá formular por escrito voto particular, el cual se engrosará en el acta respectiva y será presentado dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo y versará sobre los puntos de disidencia que hayan sido discutidos en la sesión correspondiente.

Artículo 200.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura deberán notificarse dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha del acuerdo, a las partes interesadas, mediante su publicación en el Boletín Judicial, salvo los casos en que la resolución finque responsabilidad administrativa; cuando se haya dejado de actuar por más de seis meses sin causa justificada, o tratándose de asuntos de importancia y trascendencia a juicio del propio Consejo, en cuyos supuestos la notificación deberá ser personal.

Siempre que el Consejo considere que los acuerdos son de interés general ordenará su publicación en el Boletín Judicial y, en su caso, en la Gaceta del Distrito Federal.

La ejecución de las resoluciones deberá realizarse por conducto de los órganos del propio Consejo.

Artículo 201.- Son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, las siguientes:

I.- Establecer las directrices para el eficaz cumplimiento de las funciones del Consejo, expidiendo los acuerdos generales correspondientes;

II.- Emitir opinión al Jefe del Distrito Federal con motivo de las designaciones y ratificaciones de magistrados;

III.- Designar a los jueces del Distrito Federal en los términos que señala esta Ley, así como adscribir a los Jueces y Magistrados;

IV.- Resolver, por causa justificada, sobre la remoción de Jueces y Magistrados, por sí, o a solicitud del Pleno del Tribunal;

V.- Vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial señale esta Ley, y aprobar los planes y programas del Instituto de Estudios Judiciales;

VI.- Conocer de las quejas que no sean de carácter jurisdiccional, presentadas en contra de actos u omisiones de los miembros del Consejo de la Judicatura, Magistrados, Jueces y demás servidores públicos, haciendo la substanciación correspondiente y, en su caso, imponiendo la medida disciplinaria aplicable;

VII.- Ordenar, por conducto del Presidente del Consejo, cuando se hubiere ejercitado acción penal en contra de un magistrado o un juez en el desempeño de su cargo o con motivo de éste, que sea puesto a disposición del juez que conozca del asunto y previa petición de éste, cumpliendo los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su caso, el Consejo podrá adoptar las medidas cautelares que correspondan, para evitar que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. La detención que se practique en contravención a este precepto, será sancionada en los términos que prevenga el Código Penal aplicable;

VIII.- Pedir al Presidente del Consejo y a sus integrantes el fiel cumplimiento de sus obligaciones y en su caso fincar la responsabilidad en que incurran de acuerdo con esta Ley;

IX.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los Juzgados y demás órganos judiciales, incluido el Consejo de la Judicatura, dando prioridad el mejoramiento de la impartición de justicia;

X.- Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;

XI.- Ordenar visitas de carácter administrativo a las Salas y Juzgados con la finalidad de supervisar su funcionamiento, cuando las visitas a los juzgados se hagan directamente por los consejeros, podrán apoyarse en los Magistrados de las Salas a que se encuentren adscritos;

XII.- Designar a un Secretario General del Consejo, el cual asistirá a las sesiones y dará fe de los acuerdos, así como al personal técnico y de apoyo. Las ausencias temporales del Secretario General serán suplidas por el funcionario designado por el Presidente del Consejo, dentro del personal técnico;

XIII.- Designar al Jurado que con la cooperación de instituciones públicas o privadas se integrará para el examen que presentarán las personas que deban ejercer los cargos de peritos, en los asuntos que se tramiten ante el Tribunal y dentro de los requisitos que esta Ley señale;

XIV.- Nombrar al Director del Archivo Judicial del Distrito Federal, Director de la Oficina de los Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, Jefe de la Unidad de Trabajo Social, Titular de la Biblioteca, y Director de la Oficialía de Partes Común;

XV.- Nombrar a los servidores públicos judiciales de base y de confianza, cuya designación no esté reservada a otra autoridad judicial, en los términos de esta Ley;

XVI.- Fijar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos judiciales de base;

XVII.- Autorizar licencias cuando procedan por causa justificada, sin goce de sueldo, que excedan de quince días y hasta de tres meses, en un año;

XVIII.- Fijar cada año, en el mes de diciembre, los modelos de esqueletos que se hayan de usar en el año siguiente en los Juzgados de Paz, cuidando la impresión y distribución de los mismos, de acuerdo con el artículo 46 del Título Especial de la Justicia de Paz, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal;

XIX.- Establecer los montos que por razón de la cuantía deberán conocer los Juzgados Civiles de Paz en los términos de los artículos 50 fracción II y 70 fracción I de esta Ley;

XX.- Desempeñar las funciones administrativas mediante la Comisión que al efecto se forme por el Presidente y dos Consejeros en forma rotativa, bimestral y en orden alfabético, relacionadas con el manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y de toda índole que correspondan al Consejo, así como las del Tribunal, Juzgados y demás órganos judiciales;

XXI.- Elaborar y difundir la información estadística relevante desglosada por rubros y categorías, ya sea para fines meramente informativos, o bien para el seguimiento, control y evaluación de los asuntos, estableciendo los niveles de divulgación y privilegios de acceso a la misma, según la naturaleza y fines de la información. Como consecuencia de lo anterior, debe considerarse que dentro de las funciones que se les conceden a los Jueces y Magistrados se tengan las siguientes:

Acatar las medidas que se implanten para el control administrativo y seguimiento de los expedientes que se tramiten ante ellos, tomando las medidas necesarias para su cumplimiento;

XXII.- Dictar todas las medidas necesarias para la organización y funcionamiento de la Oficialía de Partes a que se refiere el artículo 173 de esta Ley, y

XXIII.- Las demás que determinen las leyes y el reglamento interior del Consejo de la Judicatura.

Artículo 202.- Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Judicatura las siguientes:

I.- Representar legalmente al Consejo;

II.- Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Consejo;

III.- Recibir quejas sobre demoras y faltas en el despacho de los asuntos, turnándolos en su caso a la comisión correspondiente del propio Consejo;

IV.- Practicar por sí mismo visitas a Salas y Juzgados;

V.- Presidir el Pleno del Consejo, sus comisiones y dirigir los debates, conservar el orden en las sesiones y llevar la correspondencia del Consejo;

VI.- Convocar a sesión extraordinaria cada vez que lo estime necesario, o si así lo piden más de dos consejeros;

VII.- Nombrar y remover libremente a los Directores de los organismos siguientes: Dirección General de Administración, Instituto de Estudios Judiciales y Dirección de Turno de Consignaciones Penales;

VIII.- Proponer al Consejo de la Judicatura el nombramiento y remoción del Director de Consignaciones Civiles;

IX.- Resolver los asuntos cuya atención no admite demora, dada su importancia, dando cuenta dentro de las veinticuatro horas siguientes al Consejo;

X.- Conceder licencias cuando procedan por causa justificada, con o sin goce de sueldo, cuando no excedan de quince días, a los servidores públicos del Consejo;

XI.- Vigilar la publicación de los Anales de Jurisprudencia y del Boletín Judicial;

XII.- Dictar todas las medidas necesarias para la organización y funcionamiento de la Oficialía de Partes a que se refiere el artículo 173 de esta Ley;

XIII.- Tener a su cargo la policía de los edificios que ocupen el Tribunal y los Juzgados, dictando las medidas adecuadas a su conservación e higiene, y a a la distribución de las oficinas judiciales en sus diversas dependencias. Esta facultad se entiende sin perjuicio de las que confieren las leyes a los Magistrados y Jueces, para conservar el orden de sus respectivos locales dando aviso al Presidente;

XIV.- Celebrar acuerdos y convenios previo consentimiento del Consejo, con Instituciones Públicas o Privadas para la mejor impartición de justicia, y

XV.- Las demás que determinen las leyes y el reglamento interior del Consejo.

Artículo 203.- Las relaciones de trabajo entre el personal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y las condiciones generales de trabajo.

(...)

Artículo 106.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial estarán a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado de México, conforme a las bases que señala esta Constitución y las leyes respectivas.

Artículo 107.- El Consejo de la Judicatura del Estado de México, se integrará por:

I.- Un Presidente, que será el del Tribunal Superior de Justicia;

II.- Dos magistrados electos mediante insaculación;

III.- Dos Jueces de Primera Instancia electos mediante insaculación;

Artículo 108.- Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán en su cargo cinco años, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Artículo 109.- El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables.

Artículo 110.- Los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos que establece esta Constitución.

Artículo 111.- El ejercicio de cargo de consejero es incompatible con cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal, del Estado o de los municipios y de sus organismos auxiliares por el que se disfrute sueldo.

Los miembros del Consejo de la Judicatura no desempeñarán la función jurisdiccional, con excepción del Presidente, que integrará pleno.

Publicada en la Gaceta de Gobierno de 8 de septiembre de 1995, tercera sección.

(...)

Artículo 52.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial estarán a cargo del Consejo de la Judicatura conforme a las bases que señala la Constitución Política del Estado y esta ley.

Artículo 53.- El Consejo de la Judicatura se integra por:

I.- Un presidente, que será el del Tribunal Superior de Justicia;

II.- Dos magistrados nombrados mediante insaculación; y

III.- Dos jueces de primera instancia, nombrados en los términos de la fracción anterior.

Artículo 54.- Salvo el presidente del Consejo de la Judicatura, los demás consejeros durarán en su encargo cinco años, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo, por lo que al concluir éste, deberán reintegrarse a la función jurisdiccional que les corresponda.

Artículo 55.- El Consejo de la Judicatura funcionará en pleno o en comisiones.

Artículo 56.- El pleno del Consejo de la Judicatura celebrará sesiones ordinarias una vez cada 15 días y cuantas extraordinarias se requieran, previa convocatoria de su presidente, a iniciativa propia o a solicitd de cuando menos dos de sus integrantes.

Artículo 57.- El pleno del Consejo de la Judicatura se integrará con los cinco consejeros, pero bastará la presencia del Presidente y dos más de sus miembros para que sesione.

Artículo 58.- Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a nombramientos que deban ser aprobados por la Legislatura.

Artículo 59.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura y de sus comisiones, constarán en acta autorizada por el secretario del consejo y deberán firmarse por los que en ella intervinieron.

Artículo 60.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura que deban notificarse, se harán personalmente a la parte interesada. La notificación y en su caso, la ejecución de las resoluciones, deberán realizarse por conducto de los órganos que el propio consejo determine. Siempre que el consejo estime que sus acuerdos sean de interés general, deberá ordenar su publicación en la Gaceta de Gobierno.

Artículo 61.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los consejeros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

El pleno del Consejo de la Judicatura calificará los impedimentos de sus miembros.

Artículo 62.- Las sesiones ordinarias del Consejo serán públicas, salvo aquellas en las que la naturaleza del asunto requiera que sean privadas, a juicio de la mayoría de los consejeros.

Artículo 63.- Son facultades del Consejo de la Judicatura:

I.- Velar por la autonomía y la independencia de los miembros del Poder Judicial y evitar que se afecte su imparcialidad y libertad de juzgar;

II.- Expedir los nombramientos de los magistrados y someterlos a la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permamente y designar a los jueces y al personal de los juzgados, mediante exámenes de oposición;

III.- Aumentar o disminuir el número de salas y juzgados, determinar su organización y funcionamiento y crear o suprimir plazas de servidores públicos de la administración de justicia;

IV.- Determinar la adscripción, de acuerdo con las necesidades del servicio, de los magistrados, jueces y personal de los juzgados, dar curso a las renuncias que presenten y determinar el cese de jueces de primera instancia y de cuantía menor en los casos previstos por la ley;

V.- Solicitar a la Legislatura del Estado la destitución del magistrado que haya cometido delitos o faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones por mala conducta, o su separación porque esté imposibilitado física o mentalmente.

Para este efecto el Consejo de la Judicatura allegará los elementos que fundamenten y motiven su petición;

VI.- Resolver las renuncias que presenten los magistrados, remitiéndolas para su aprobación a la Legislatura o a la Diputación Permanente, así como las de los miembros del propio Consejo, las de los jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial;

VII.- Imponer a los servidores públicos judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, las sanciones que procedan conforme a la ley y que no estén encomendadas expresamente a otras autoridades;

VIII.- Fijar, las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculación para cubrir las plazas vacantes de sus miembros, de acuerdo con lo establecido por esta ley y establecer las previsiones para su sustitución, en casos de ausencia temporal o absoluta;

IX.- Suspender o destituir en el ejercicio de sus cargos a los jueces, secretarios, ejecutores y demás servidores judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, cuando a su juicio y comprobación de los hechos hayan realizado actos de indisciplina, mala conducta, faltas graves o cuando incurran en la comisión de delito en el desempeño de sus funciones, denunciando, en su caso, los hechos al Ministerio Público;

X.- Establecer oficialías de partes comunes, cuando en los distritos judiciales o poblaciones exista más de un juzgado de primera instancia o de cuantía menor, por materia;

XI.- Otorgar estímulos y recompensas a los servidores públicos judiciales que se hayan destacado en el desempeño de su cargo;

XII.- Autorizar anualmente el calendario y el horario oficial de labores del Poder Judicial;

XIII.- Acordar licencias a los magistrados para separarse del cargo por menos de 15 días y nombrar a los interinos; cuando exceda de este término, pero no de 60 días, someterlas para su aprobación y designación de los interinos a la Legislatura o a la Diputación Permanente;

XIV.- Conceder licencias a los jueces, secretarios y demás empleados de confianza, hasta por tres meses y a los empleados de base, de acuerdo con lo previsto por las leyes laborales aplicables;

XV.- Nombrar, con el número ordinal que les corresponda, a los secretarios de las salas o juzgados, oficiales mayores, ejecutores y notificadores;

XVI.- Adoptar las providencias necesarias para el eficiente manejo administrativo del Poder Judicial;

XVII.- Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial y acordar su estricta distribución, conforme a las partidas establecidas al efecto;

XVIII.- Ejercer el presupuesto de egresos y el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia con transparencia, eficacia, honradez y con estricto apego a la políticas de disciplina, racionalidad y austeridad;

XIX.- Formar los cuadros de servidores públicos que requiera el Poder Judicial, mediante la impartición de los cursos de capacitación en el Instituto;

XX.- Facilitar los medios necesarios para que los cursos de capacitación que se impartan a los servidores públicos, se realicen adecuadamente;

XXI.- Supervisar que la aplicación y evaluación de los exámenes de oposición que se practiquen a los aspirantes de nuevo ingreso o para promoverse a cargos superiores, se hagan con imparcialidad, objetividad y rigor académico;

XXII.- Cuidar el cumplimiento y efectividad de la carrera judicial;

XXIII.- Expedir los reglamentos, acuerdos generales en materia administrativa y los necesarios para llevar a cabo sus atribuciones;

XXIV.- Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos judiciales conforme a la ley de la materia;

XXV.- Asignar a sus comisiones la atención de los asuntos de su competencia;

XXVI.- Supervisar el funcionamiento de las salas y juzgados;

XXVII.- Pedir al pleno del Tribunal Superior de Justicia la información y opiniones que requiera para el mejor desempeño de sus funciones;

XXVIII.- Solicitar de los magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia su colaboración para el mejor desempeño de sus funciones de vigilancia; y

XXIX.- Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos legales.

Artículo 64.- Son facultades y obligaciones del presidente del Consejo de la Judicatura:

I.- Presidir al Consejo, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;

II.- Tramitar los asuntos de la competencia del Consejo y ejecutar sus acuerdos;

III.- Autorizar con el secretario general de acuerdos, las actas y resoluciones que se dicten en los asuntos de la competencia del Consejo de la Judicatura;

IV.- Representar al Consejo;

V.- Vigilar el funcionamiento de las salas y de los juzgados; visitar los centros preventivos y de readaptación social y constatar el estado que guardan los procesos, pudiendo comisionar para esos efectos a los demás integrantes del Consejo;

VI.- Expedir los nombramientos que apruebe el Consejo;

VII.- Recibir, por conducto de la Dirección de la Contraloría, las quejas o informes sobre las demoras, excesos, omisiones y faltas administrativas que en el desempeño de sus funciones incurran los servidores públicos judiciales, a efecto de dictar las providencias que procedan;

VIII.- Hacer del conocimiento del Consejo las ausencias temporales y absolutas de magistrados, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial;

IX.- Cuidar que se integren en la secretaría de la presidencia, los expedientes de los servidores públicos judiciales que contengan las notas de mérito, o de demérito por quejas fundadas, así como de las correcciones o sanciones disciplinarias que les hayan sido impuestas;

X.- Vigilar el funcionamiento y las atribuciones del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial, conforme a las normas aprobadas por el Consejo de la Judicatura;

XI.- Analizar y, en su caso, autorizar los gastos de las salas, juzgados, secretarías y direcciones del tribunal, conforme al presupuesto de egresos;

XII.- Despachar la correspondencia oficial del Consejo; y

XIII.- Las demás que le otorguen las leyes.

Con reformas y adiciones publicadas en el Periódico Oficial del 22 de marzo de 1995.

Artículo 86.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los juzgados que establezca la Ley, y en el Consejo de la Judicatura. La representación del Poder Judicial corresponderá siempre al Tribunal Superior.

El Consejo de la Judicatura tendrá las atribuciones que se señalan en el artículo 92-A de esta Constitución.

(...)

Artículo 92.- Se crea el Consejo de la Judicatura Estatal, integrado por cinco miembros, de los cuales uno será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado numerario; un Juez de Primera Instancia; un representante designado por el Ejecutivo del Estado y un representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

El Consejo de la Judicatura estatal se integrará en la forma y términos que señale la ley reglamentaria.

Artículo 92-A.- Son facultades del Consejo de la Judicatura Estatal:

I.- Presentar a la consideración del Congreso la terna para la designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Congreso o, en su caso, de la Diputación Permanente;

II. Convocar, conforme a las modalidades establecidas por la ley, a concurso de méritos y a examen de oposición, para efecto de designar a los Jueces integrantes del Poder Judicial;

Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier otra denominación se designe, serán adscritos y removidos por el voto de la mayoría simple del total de los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal;

III.- Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley;

IV.- Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley;

V.- Iniciar, a solicitud del pleno del Tribunal Superior de Justicia, investigación sobre la conducta de algún Juez u otro funcionario o empleado del Poder Judicial;

VI.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los Juzgados y demás órganos Judiciales y remitirlo para su inclusión en el proyecto de presupuesto de Egresos del Estado;

VII.- Nombrar y remover, de conformidad con lo establecido en la ley, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial, con excepción de los Secretarios de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta y Actuarios del Tribunal Superior de Justicia, cuyo nombramiento y remoción será facultad del pleno y las Salas del tribunal, según el caso y de acuerdo con lo que la ley establezca;

VIII.- Resolver los demás asuntos que determine la ley.

(...)

Artículo 103.- Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad.

Durarán en su cargo cinco años, salvo el Presidente del Consejo; podrán ser nombrados por una sola vez, para un nuevo periodo. Durante su cargo, los Consejeros sólo podrán ser removidos en los términos del Título Séptimo de la presente Constitución.

(...)

Artículo 145.- La responsabilidad administrativa en que incurran los jueces de primera isntancia y los que con cualquier otra denominación se designen, serán del conocimiento y resolución del Consejo de la Judicatura Estatal. Cuando dichos jueces incurran en la comisión de delito serán juzgados en la forma que establecen las leyes respectivas, previa solicitud del Consejo de la Judicatura Estatal para que se suspenda en sus funciones al presunto responsable.

Artículo 113.- El Consejo de la Judicatura Estatal será la máxima autoridad del Poder Judicial en todos los asuntos que sean de su exclusiva competencia; se constituye por los consejeros, que en número de cinco, determina el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Artículo 114.- La designación de los consejeros se hará en los siguientes términos:

I.- El Presidente del Consejo, que lo será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia por el solo hecho de su elección como tal por el Pleno de dicho Tribunal;

II.- El magistrado numerario que elija el Pleno del Tribunal;

III.- El representante del Ejecutivo del Estado, mediante nombramiento directo del titular del propio Poder Ejecutivo, quien podrá revocarlo o substituirlo en cualquier tiempo; IV.- El juez de primera instancia mediante insaculación; y

V.- El representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que será el maestro titular decano de dicha institución; si hubiere imposibilidad o renuncia de éste, asumirá la representación el siguiente maestro titular que le siga en antigüedad.

Dicha representación no podrá recaer en ningún docente que tenga el carácter de funcionario del Poder Judicial, así como en aquellos que presten sus servicios en cualquiera de los otros dos poderes de la administración pública estatal.

En todo momento este funcionario estará impedido para patrocinar o prestar asesoría en asuntos contenciosos de cualquier naturaleza, salvo las excepciones que la ley adjetiva del Código Civil para el Estado de Morelos establece, en el caso de los juzgadores.

Artículo 115.- Las sesiones y deliberaciones del Consejo tendrán validez con la asistencia de por lo menos tres consejeros, se celebrarán bajo la dirección de su Presidente o, en su defecto, el magistrado que lo supla interinamente como Presidente del Tribunal.

Las decisiones del Consejo serán inatacables.

Artículo 116.- Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple. En caso de empate será decisivo el voto del Presidente del Consejo.

Artículo 117.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal:

I.- Presentar a consideración del Congreso terna para la designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;

II.- Someter a la aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso, las solicitudes de licencias por más de 30 días de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como las renuncias de los propios magistrados;

III.- Convocar a concurso de méritos y examen de oposición a los aspirantes al cargo de juez de primera instancia o menor;

IV.- Practicar y calificar los concursos y exámenes a que alude la fracción anterior;

V.- Designar a los jueces de primera instancia y menores con vista del resultado de los concursos y exámenes mencionados, tomando en cuenta los antecedentes de competencia profesional, probidad, dedicación y buena conducta.

En igualdad de circunstancias, se preferirá a los jueces menores para el cargo de juez de primera instancia, y a los secretarios de acuerdos y actuarios para el cargo de juez menor;

VI.- Designar a los jueces de paz municipales de entre la terna propuesta por el ayuntamiento correspondiente;

VII.- Adscribir, cambiar de adscripción, sancionar y destituir a los jueces, cualquiera que sea su denominación, por el voto de la mayoría simple del total de los miembros del Consejo;

VIII.- Expedir su reglamento interior y los acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, ordenando la publicación de los mismos en el Periódico Oficial del Estado para efectos de su obligatoriedad;

IX.- Nombrar, adscribir, cambiar de adscripción, sancionar y remover a los trabajadores del Poder Judicial del Estado, con excepción de los que contempla la fracción XIV del artículo 29 de esta Ley;

X.- Iniciar de oficio o a solicitud del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, investigaciones sobre la conducta de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial;

XI.- Recibir las quejas administrativas por faltas o responsabilidades oficiales de magistrados, jueces y demás servidores públicos, y turnarlos al magistrado visitador general para la investigación correspondiente;

XII.- Llamar al magistrado visitador general para que informe respecto a las visitas que practique;

XIII.- Recibir y estudiar los informes y dictámenes del magistrado visitador general, para los efectos legales correspondientes;

XIV.- Cuidar que los juzgados no se encuentren sin titular por más de cinco días;

XV.- Discutir y aprobar oportunamente el presupuesto anual del Poder Judicial, y remitirlo para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado;

XVI.- Tomar a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial;

XVII.- Aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público del Poder Judicial;

XVIII.- Promover la elevación del acervo jurídico de jueces, secretarios, actuarios y demás personal del Poder Judicial mediante la ejecución de programas idóneos;

XIX.- Conceder estímulos y recompensas a los funcionarios y empleados del Poder Judicial;

XX.- Conceder licencia, por el término legal, al Presidente del Consejo, consejeros, jueces y demás personal, con excepción de los señalados en la fracción XIV del artículo 29;

XXI.- Intervenir en los asuntos relativos a los juicios de amparo promovidos en contra de resoluciones dictadas por el propio Consejo;

XXII.- Nombrar el personal supernumerario que las necesidades de la administración de justicia requieran, en el ámbito de su competencia;

XXIII.- Tomar todas las decisiones que tiendan a la correcta y adecuada aplicación de la presente Ley, así como resolver cualquier situación no prevista por ella, en el ámbito de su competencia;

XXIV.- Designar a los jueces auxiliares del magistrado visitador general; XXV.- Las demás que le confieran las leyes.

Artículo 118.- El Consejo de la Judicatura Estatal sesionará ordinariamente por lo menos un día a la semana y tendrá cuantas sesiones extraordinarias se requieran, previa convocatoria del Presidente y en caso de omisión, a instancia de cualquiera de sus miembros.

Artículo 119.- Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal:

I.- Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo;

II.- Ejecutar los acuerdos del Consejo;

III.- Suscribir con el secretario general del Consejo la correspondencia, circulares, acuerdos y actas de sesiones del Consejo;

IV.- Disponer el trámite de los asuntos competencia del Consejo, para su resolución por éste;

V.- Atender y controlar el funcionamiento administrativo del Poder Judicial y el buen desempeño de las labores de funcionarios y empleados, adoptando para ello los acuerdos y medidas que fueren necesarios;

VI.- Recibir las quejas administrativas, de palabra o por escrito, que presenten los funcionarios o empleados del Tribunal y de los juzgados en relación con sus labores, y las de los litigantes por demora o faltas cometidas en la administración de justicia. Cuando las faltas fueren menores podrá dictar las medidas pertinentes y necesarias para su corrección y cuando fueren graves, dará cuenta al Consejo de la Judicatura Estatal, quien determinará lo que corresponda;

VII.- Desechar de plano las quejas y demás promociones notoriamente improcedentes;

VIII.- Proponer al Consejo, en el ámbito de la competencia de éste, las medidas que juzgue conducentes para la mejor administración de justicia;

IX.- Informar al Consejo acerca de las medidas o medios administrativos adoptados, respecto de los asuntos competencia del propio Consejo;

X.- Nombrar, con carácter provisional y en casos urgentes, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial, sometiendo tales nombramientos al Consejo en los casos y competencia de éste, para su ratificación o rectificación;

XI.- Formular y someter a la consideración del Consejo de la Judicatura Estatal el presupuesto anual del Poder Judicial;

XII.- Remitir al Poder Legislativo, por conducto del Jefe del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, para los efectos legales consiguientes; y

XIII.- Los demás que les confieran las leyes.

Con reformas y adiciones mediante Decreto 7837, publicado en el Periódico Oficial del 26 de abril de 1995.

Artículo 81.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Consejo de la Judicatura y en los Juzgados que la ley determine.

El Tribunal Superior de Justicia se integrará por siete Magistrados Numerarios y funcionará en Pleno o en Salas. Se podrán nombrar hasta tres Magistrados Supernumerarios.

En los términos que la ley disponga, las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos que así lo exijan la moral o el interés público.

El Consejo de la Judicatura determinará el número, división, especialización por materia y competencia territorial de los Juzgados que la ley establezca, salvo los asuntos en que por disposición legal deba conocer el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia estará facultado para emitir acuerdos generales, a fin de lograr, mediante una adecuada distribución entre las salas de los asuntos competentes, la mayor prontitud en su despacho.

La remuneración que perciban por sus servicios los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros de la Judicatura y Jueces no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo diez años y sólo podrán ser removidos del mismo en los Términos del Título Octavo de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido Magistrado podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo el caso de los Supernumerarios que hubieren ejercido el cargo por un periodo no mayor de dos años ininterrumpidos.

(...)

Artículo 85.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezca la ley.

El Consejo se integrará por cinco miembros de los cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado designado preferentemente por cada una de las Salas, un Juez y un Secretario, que serán asignados mediante insaculación. Invariablemente, los dos últimos Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 82 de esta Constitución.

Los cargos anteriores serán compatibles únicamente cuando los Consejeros designados se encuentren en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que dieron origen a su nombramiento, a cuya separación del cargo se hará nueva designación.

El Consejo funcionará en Pleno o en Comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de Jueces, Secretarios y demás servidores públicos y empleados del Poder Judicial, así como los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo y serán sustituidos de manera escalonada, sin que por ningún motivo puedan ser nombrados para un nuevo periodo.

Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Octavo de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

Los conflictos entre el Poder Judicial y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Local.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieren a la designación, adscripción y remoción de jueces, las cuales podrán ser revisadas a petición de parte interesada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la Ley Orgánica respectiva.

El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto del Poder Judicial del Estado y lo remitirá para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado.

Publicada en el Periódico Oficial del 20 de diciembre de 1995, tercera sección.

Artículo 35.- La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura.

Artículo 36.- El Consejo de la Judicatura se integra por:

I. Un Presidente que será el del Tribunal Superior de Justicia.

II. Dos magistrados electos por el Pleno del Tribunal, preferentemente uno por cada Sala.

III. Un Juez y un Secretario que serán designados por insaculación, quienes deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado. La insaculación será hecha por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 37.- Salvo el Presidente del Consejo de la Judicatura, los demás consejeros durarán en su encargo cinco años, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo período; los cargos serán compatibles únicamente cuando los consejeros se encuentren en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que dieron origen a su nombramiento a cuya separación del cargo se hará nueva asignación.

Artículo 38.- El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en comisiones.

Artículo 39.- El Pleno del Consejo de la Judicatura sesionará ordinariamente una vez al mes, y en forma extraordinaria cuando lo estime conveniente su Presidente, o quien lo supla en sus ausencias temporales previa convocatoria.

Artículo 40.- El Pleno del Consejo de la Judicatura funcionará con los cinco consejeros, pero bastará la presencia del Presidente y dos más de sus miembros para que sesione.

Artículo 41.- Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieren a la designación, adscripción, destitución o remoción de jueces, las cuales pueden ser revisadas a petición de parte interesada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establece la presente ley.

Artículo 42.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura y de sus comisiones constarán en acta autorizada por el Secretario del Consejo y deberán firmarse por los que en ella intervinieron.

Artículo 43.- Las resoluciones del Consejo se notificarán personalmente a la parte interesada. La notificacion y en su caso, la ejecución de las resoluciones deberán realizarse por conducto de los órganos que el Consejo determine. Cuando éste estime que sus acuerdos son de interés general, ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial o en ambos.

Artículo 44.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los consejeros presentes, quienes no podrán abstenerse sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 45.- Las sesiones del Consejo de la Judicatura podrán ser públicas o secretas previo acuerdo del propio Consejo.

Artículo 46.- Son atribuciones del Consejo de la Judicatura:

I. Velar por la autonomía de los miembros del Poder Judicial, garantizando en todo momento su independencia, inviolabilidad e imparcialidad.

II. Nombrar a propuesta de su Presidente, al Secretario General de Acuerdos, a los secretarios de acuerdos de las salas, los secretarios de estudio y cuenta, Jueces, secretarios de acuerdos, secretarios ejecutores, actuarios notificadores que deban adscribirse al Tribunal, a las salas o a los Juzgados.

III. Aumentar o disminuir el número de juzgados, determinar su organización y funcionamiento y asignar plazas a los servidores públicos de la administración de justicia.

IV. Determinar la adscripción de jueces, secretarios de acuerdos, secretarios ejecutores, notificadores o actuarios y demás personal de los juzgados, dar curso a las renuncias que presenten y determinar la separación temporal o definitiva en los casos previstos por la ley.

V. Tomar protesta a los servidores judiciales que le corresponda.

VI. Recibir las renuncias de los miembros del Consejo, dando cuenta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que éste resuelva lo conducente.

VII. Imponer a los servidores públicos judiciales, previa garantía de audiencia y defensa, las sanciones que procedan conforme a la ley y que no estén encomendadas expresamente a otras autoridades.

VIII. Suspender o destituir del servicio de sus cargos a los funcionarios judiciales que designen previa garantía de audiencia y defensa cuando a su juicio y comprobación de los hechos, hayan realizado actos de indisciplina, faltas graves o cuando incurran en la comisión de algún delito intencional, denunciando en su caso los hechos al Ministerio Público.

IX. Otorgar estímulos y recompensas a los servidores públicos judiciales que se hayan destacado en el desempeño de su cargo.

X. Autorizar en la última sesión de cada año, el calendario y el horario oficial de labores del Poder Judicial de la siguiente anualidad.

XI. Conceder licencias a los funcionarios judiciales que designe y a los demás empleados de confianza hasta por tres meses con o sin goce de sueldo, y a los empleados sindicalizados de acuerdo a lo previsto en las disposiciones laborales aplicables.

XII. Adoptar las providencias necesarias para el eficiente manejo administrativo del Poder Judicial.

XIII. Elaborar el presupuesto del Poder Judicial remitiéndolo, por conducto de su Presidente, para su inclusión en el Proyecto de Egresos del Estado. El Pleno del Tribunal podrá, en su caso, hacer las observaciones o recomendaciones que estime necesarias y fundadas para el buen despacho de la administración de justicia.

XIV. Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado.

XV. Reglamentar el funcionamiento del órgano que realice labores de compilación y sistematización de leyes, tesis y ejecutorias y jurisprudencia; así como de la estadística e informática, de las bibliotecas y el archivo general.

XVI. Ejercer el presupuesto de egresos y el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

XVII. Promover permanentemente la capacitación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial.

XVIII. Supervisar que la aplicación y evaluación de los exámenes de oposicion que se practiquen a los aspirantes de nuevo ingreso o para promoverse a cargos superiores, se hagan con imparcialidad, objetividad y rigor académico.

XIX. Cuidar el cumplimiento y efectividad de la carrera judicial.

XX. Asignar a sus comisiones la atención de los asuntos de su competencia.

XXI. Solicitar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia la información y opiniones que requiera para el mejor desempeño de sus funciones.

XXII. Suspender en el cargo a los jueces, a solicitud de la Autoridad Judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra por delito intencional, siempre que a su juicio se reúnan los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional; en estos casos la resolución que se dicte deberá notificarse a la autoridad que la hubiere solicitado previa vista al Pleno del Tribunal.

La suspensión de los jueces por el Consejo de la Judicatura constituye un requisito de procedibilidad indispensable para la aprehensión y el enjuiciamiento de éstos. El desacato a esta disposición, motivará la inmediata destitución del cargo al infractor.

XXIII. Resolver sobre las quejas administrativas y la responsabilidad de servidores públicos en los términos que disponga la ley, incluyendo aquellas que se relacionan con la violación de los impedimentos previstos en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado por parte de los miembros del Poder Judicial.

XXIV. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus órganos auxiliares.

XXV. Designar a propuesta del Presidente a los titulares de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura, resolver sobre sus renuncias y licencias, y removerlos libremente o suspenderlos en los términos que determinen las leyes o los acuerdos correspondientes presentando denuncias o querellas en los casos que proceda.

XXVI. Emitir mediante acuerdos las bases para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios y la contratación de obra que realice el Poder Judicial, en el ejercicio de su presupuesto de egresos se ajuste a los criterios contemplados en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos relativos.

XXVII. Dictar las disposiciones para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo del Poder Judicial.

XXVIII. Cambiar la residencia de los juzgados de primera instancia, previo informe al Pleno del Tribunal.

XXIX. Dictar las disposiciones administrativas para regular la distribución de los asuntos que deban conocer los juzgados de primera instancia, cuando en un mismo lugar haya varios.

XXX. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores públicos.

XXXI. Convocar periódicamente a reuniones estatales o regionales, de jueces, secretarios de acuerdos, secretarios ejecutores, notificadores o actuarios y demás personal al servicio del Poder Judicial, para fines de capacitación o evaluación sobre el funcionamiento de éste y proponer las medidas pertinentes para mejorarlo.

XXXII. Apercibir, amonestar e imponer multas en favor del fondo auxiliar del Poder Judicial hasta por ciento ochenta días del salario mínimo general vigente en el Estado al día de la comisión de la falta, a las personas que faltaren el respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial en las promociones que hagan ante el Consejo de la Judicatura.

XXXIII. Autorizar durante el mes de febrero de cada año las listas de las personas que deban ejercer cargos de síndicos, interventores, albaceas, depositarios judiciales, peritos, tutores, curadores, intérpretes y otros auxiliares de la administración de justicia.

XXXIV. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura.

XXXV. Nombrar a los servidores públicos que sean necesarios para el mejor funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura, y acordar lo relativo a su ascensos, licencias, remociones y renuncias.

XXXVI. Fijar los períodos vacacionales de los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los adscritos al Tribunal Superior de Justicia.

XXXVII. Administrar y conservar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial.

XXXVIII. Fijar las bases para la planeación, organización, ejecución, dirección y control para el desarrollo del Poder Judicial.

XXXIX. Realizar visitas ordinarias y extraordinarias a los juzgados, integrar comités de investigación cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la de los órganos auxiliares del propio Consejo de la Judicatura.

XL. Tomar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en los juzgados, así como en los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura.

XLI. Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control, preservación y destino de los bienes consignados y puestos a disposición del Poder Judicial.

XLII. Desempeñar cualquier otra función que la ley encomiende al Consejo de la Judicatura.

Artículo 47.-El Consejo de la Judicatura contará con comisiones permanentes y transitorias; las permanentes, serán tantas como órganos auxiliares haya, y las transitorias las que determine el Pleno.

Artículo 48.- Integrarán invariablemente las comisiones los miembros del Consejo y se apoyarán para su encomienda en sus órganos auxiliares.

Artículo 49.- Será obligación de las comisiones informar al Pleno del Consejo el resultado de su encomienda, para que resuelva lo conducente.

Artículo 50.- Son órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura:

I. La Secretaría de Acuerdos.

II. La Secretaría de Administración.

III. La Secretaría de la Carrera Judicial.

IV. La Secretaría de la Visitaduría.

V. Aquellos que el propio Consejo estime necesarios y lo permita el presupuesto.

Artículo 51.- Los titulares de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura, serán designados por el propio Consejo a propuesta del Presidente y durarán en su encargo el tiempo que se estime necesario.

Artículo 52.- Los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura se regirán para su funcionamiento por esta ley y su Reglamento respectivo, el que será aprobado por el propio Consejo.

Artículo 53.- Son obligaciones del Secretario de Acuerdos:

I. Asistir a las sesiones del Consejo.

II. Levantar acta circunstanciada de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.

III. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones que reciba del Presidente del Consejo.

IV. Dar cuenta al Presidente de los asuntos que deban turnarse a los órganos auxiliares.

V. Recabar los datos en las áreas de la competencia del Consejo, remitiéndolas a la Secretaría General de Acuerdos para el informe anual del Presidente del Tribunal.

VI. Autorizar los actos del Consejo.

VII. Expedir y autorizar las certificaciones del Consejo.

VIII. Coordinar el funcionamiento del archivo general del Poder Judicial.

IX. Las demás que le asigne esta Ley, su reglamento y el Presidente del Consejo.

Artículo 54.- Son funciones de la Secretaría de Administración:

I. Organizar y controlar los expedientes personales administrativos de cada uno de los servidores públicos del Poder Judicial.

II. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, remitiéndolo al Consejo de la Judicatura.

III. Llevar el control de los recursos presupuestales asignados.

IV. Administrar el fondo auxiliar del Poder Judicial.

V. Tramitar altas y bajas, licencias con o sin goce de sueldo acordadas por el Tribunal o el Consejo.

VI. Llevar control de asistencia del personal administrativo del Poder Judicial y proponer al Consejo estímulos, ascensos y reconocimientos.

VII. Ejecutar las medidas disciplinarias dictadas por el Consejo de la Judicatura respecto de los servidores del Poder Judicial.

VIII. Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

IX. Organizar y controlar el inventario de bienes muebles e inmuebles patrimonio del Poder Judicial, informando periódicamente al Presidente del Consejo sobre el estado que guardan dichos bienes.

X. Dotar a las diversas dependencias del Poder Judicial de los recursos materiales que requieran para el desempeño de sus funciones.

XI. Aplicar los acuerdos del Consejo relacionados con la adquisición, arrendamiento, y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios y la contratación de obra que realice el Poder Judicial.

XII. Cumplir con las disposiciones del Consejo en lo relativo a la recepción control, preservación y destino de los bienes consignados y puestos a disposición del Poder Judicial.

XIII. Rendir trimestralmente al Consejo sesionando en Pleno un informe escrito sobre el estado patrimonial y financiero que guarde el Fondo Axuliar para la Administración de Justicia.

XIV. Las demás que le asigne esta Ley o su reglamento.

Artículo 55.- Son funciones de la Secretaría de la Carrera Judicial:

I. Coordinar la selección de servidores públicos conforme a las necesidades de la administración de justicia.

II. Practicar los exámenes de oposición a los aspirantes de nuevo ingreso así como a los que pretenden promoverse a cargos superiores, previa convocatoria que al efecto expida el Consejo de la Judicatura.

III. Vigilar el cumplimiento y efectividad de la carrera judicial en los términos de su reglamento.

IV. Proponer al Pleno del Consejo estímulos y recompensas a los servidores públicos judiciales que se hayan destacado en el desempeño de sus cargos.

V. Promover y programar eventos académicos tales como seminarios, cursos, conferencias, talleres así como cursos de postgrado mediante convenios con instituciones académicas para actualizar y profundizar los conocimientos respecto del orden jurídico, la doctrina y la jurisprudencia, y desarrollar el conocimiento teórico-práctico de los trámites, diligencias y actuaciones que formen parte de los procedimientos y asuntos de la competencia del Poder Judicial.

VI. Editar y distribuir semestralmente la revista jurídica y diariamente el boletín judicial.

VII. Compilar leyes, tesis, ejecutorias y jurisprudencia.

VIII. Coordinar y vigilar el funcionamiento de las bibliotecas del Poder Judicial.

IX. Llevar registro de la estadística e informática del Poder Judicial para proponer medidas de planeación, organización, ejecución, dirección y control para el desarrollo del Poder Judicial.

X. Las demás que le asigne esta Ley, su reglamento y el Presidente del Consejo.

Artículo 56.- Son funciones de la Secretaría de la Visitaduría:

I. Realizar visitas de inspección ordinarias y extraordinarias a los juzgados, para verificar su debido funcionamiento.

II. Informar al Consejo de los resultados de las visitas ordinarias y extraordinarias que practique en los términos de su reglamento.

III. Proponer al Consejo, medidas para el buen funcionamiento y la disciplina del personal de los juzgados.

IV. Las demás que le asigne esta Ley, su reglamento y el Presidente del Consejo.

Artículo 57.- Para desempeñarse como titular de la Secretaría de Acuerdos, de Administración, de la Carrera Judicial y de la Visitaduría del Consejo de la Judicatura deberán cumplirse los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos.

II. Tener título de licenciado en derecho.

III. Gozar de buena reputación.

IV. No haber sido condenado por delito intencional, con sanción privativa de libertad mayor de un año.

V. Contar con experiencia profesional mínima de dos años, preferentemente en el Poder Judicial.

El Secretario de Administración queda exceptuado de cubrir el requisito de la fracción II, pero deberá tener título profesional en alguna carrera relacionada con las ciencias sociales.

Con reformas y adiciones según Decretos No. 433 y 10, publicados en el Periódico Oficial del 25 de marzo de 1988 y del 22 de enero de 1990, respectivamente.

(...)

Artículo 94.- El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá de once Magistrados Propietarios y funcionará en Pleno y dividido en cuatro Salas. Una de las Salas será unitaria, y las otras se integrarán por tres magistrados cada una. Uno de los Magistrados, quien no integrará las Salas, será el Presidente del Supremo Tribunal. Habrá además cinco Magistrados Suplentes, quienes sólo integrarán el Pleno o las Salas cuando substituyan a un Magistrado Propietario.

Los Magistrados del Supremo Tribunal serán electos por el Congreso o por la Diputación Permanente, de una terna que le presente el Consejo de la Judicatura. La elección se hará en escrutinio secreto.

(...)

Artículo 97.- Se instituye el Consejo de la Judicatura. La Ley Orgánica establecerá su organización, el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de capacitación, nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, con el objeto de asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los Tribunales y de garantizar a los Magistrados y Jueces, los beneficios de la carrera Judicial.

Publicada por Decreto No. 564 en el Periódico Oficial del 10 de abril de 1995.

Artículo 79.- El Consejo de la Judicatura se integrará por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien será a la vez Pre- sidente del Consejo; dos Magistrados electos por el Pleno; tres Jueces de Primera Instancia electos por sus pares y un Juez Menor electo por el Pleno; salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán tres años en su cargo, durante el cual sólo podrán ser removidos en los términos que señala la Constitución.

Los Magistrados Suplentes no podrán formar parte del Consejo, ni los Jueces que tengan menos de tres años en el ejercicio de su encargo.

Bastará la presencia de cuatro de sus miembros para que el Consejo pueda funcionar, pero siempre deberá contarse cuando menos con dos Magistrados.

Las sesiones ordinarias del Consejo se efectuarán una vez al mes, en los días y horas que fije el Reglamento respectivo. Las extraordinarias se celebrarán cuando lo crea necesario el Presidente o lo pida algún Magistrado consejero.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino en los casos en que tengan impedimento legal. En caso de empate el Magistrado Presidente tendrá voto de calidad.

El Consejo tendrá, además, un Secretario de Acuerdos que será electo entre sus miembros.

Artículo 80.- El Consejo de la Judicatura, tiene las siguientes atribuciones:

I.- Promover oportunamente la elección de los magistrados del Supremo Tribunal en caso de vacante;

II.- Calificar la incompatibilidad de sus miembros en relación a las funciones que desempeñen en el Consejo;

III.- Solicitar al Pleno la sustitución de uno o más consejeros cuando exista causa justificada para ello;

IV.- Presentar al Pleno del Supremo Tribunal programas de capacitación del personal del Poder Judicial, para su aprobación en su caso;

V.- Promover al Pleno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, fracción X, de esta Ley, nombramientos de Jueces de nuevo ingreso y solicitar se les otorguen categorías superiores a aquellos que lo merezcan por el buen desempeño en su encargo;

VI.- Inspeccionar cuando lo considere conveniente las actuaciones de los servidores de la administración de justicia, vigilar su conducta y honorabilidad, la eficacia en las labores e independencia de sus funciones;

VII.- Garantizar a los Magistrados del Supremo Tribunal, Magistrados de Circuito y Jueces en el ejercicio de sus funciones, independencia e inamovilidad, mediante el ejercicio de las acciones legales que juzgue conveniente;

VIII.- Procurar que en los Tribunales se guarde disciplina y decoro, debiendo dar cuenta al Pleno de las observaciones respectivas;